Las consecuencias económicas de la Constitución

Rafael Rodríguez

Si a Ud se le pidiera señalar cuál es la principal causa de los problemas económicos y políticos por los cuales atraviesa Brasil y le pidieran marcar una de entre la corrupción o la constitución aprobada en el año 1988, seguramente apuntaría a la primera de estas opciones. Si bien la respuesta estaría correcta, no sería la más correcta. Si está en desacuerdo le recomendaría leer The Economist en su edición del 2 de enero del presente año o leer el siguiente resumen en subsidio.

En el artículo se señala que dicha constitución promulgada con mucho entusiasmo se consagraron derechos para los brasileros que son dignos de elogio; entre los cuales está el de jubilar a los 60 años para las mujeres y a los 65 los hombres, el monto mínimo de pensión garantizado es el equivalente al del sueldo mínimo el cual debe mantener su poder adquisitivo (Constitución dixit). 27 años después el monto de financiamiento estatal para cumplir con dicho mandato excede el 12% del PGB brasilero, monto superior al de Japón que tiene una población sustancialmente mayor en edad que Brasil.

Estas garantías, sumado a un código laboral gravoso e intrincado para las empresas, que incluye una jornada laboral máxima de 44 horas semanales determinaron que los gobiernos hayan debido aumentar sistemáticamente la carga tributaria a un 36% del PIB, ahogando al sector privado con impuestos, regulaciones y otras barreras. Situación que globalmente determinó que Brasil haya sido el campeón de las décadas perdidas logrando un magro crecimiento a pesar del extraordinario período de precios de sus materias primas que entre otras cosas permitió sostener el autopropulsado crecimiento de gastos producto de sus obligaciones constitucionales, a los cuales se les puede agregar una serie de decisiones de gasto poco productivos y sí, también la corrupción.

Ahora, sin embargo, la ayuda de los elevados retornos de las exportaciones terminó, registrando una caída de 41%, lo que ha llevado a un déficit fiscal del presupuesto que superó el 10% el año pasado, y que era 2% al inicio del gobierno de Rousseff. La subsiguiente contracción económica va a llevar a Brasil a ser a fines del presente año un 8% más pobre que a fines del año 2014.

Para peor, los intereses de la deuda se llevan un 7% del producto en un mundo con una tasa de interés cercana a cero, pero con sucesivas alzas futuras proyectadas en el mundo más las crecientes necesidades del financiamiento del gasto público que está determinado en un 90% por garantías establecidas en la Constitución, es poca la capacidad de maniobra real que tiene, lo que llevó a su ahora ex ministro de Hacienda a renunciar a fines del año pasado a pesar de sus esfuerzos por reducir el gasto discrecional. Esto no es menor, ya que el apodo del ministro Levy era manos de tijera.

Ahora los caminos se ven muy difíciles: cambiar la bomba de tiempo de gastos que obligatoriamente impone la constitución disminuyendo los beneficios tan entusiastamente aprobadas en sus inicios o seguir ahogando la economía con mayores impuestos, ya sea al ya estrangulado sector privado, o con el impuesto inflación (que ya está mostrando sus colmillos), o con una combinación de algunas o todas las anteriores.

El dolor de la población que ya se expresa en un altísimo rechazo a la Presidenta sólo va a empeorar si no se logra reformar la constitución desactivando las bombas de tiempo de gasto obligatorio y permitiendo recobrar la flexibilidad necesaria a la economía para ajustarse, disminuyendo los déficits en forma prioritaria y posteriormente recuperando su capacidad de crecimiento.

El pronóstico para Brasil es sombrío, el equilibrio político, también un legado de la constitución democrática brasilera -una nueva luz en relación a la constitución anacrónica de los regímenes militares, según fue alabada en sus tiempos- incentivó la proliferación de partidos, porque con pocos votos es posible alcanzar una representación parlamentaria lo que dificulta el llegar a acuerdos que requieren necesarios sacrificios de la población y de altos quórums.

El susto es que con la reforma Constitucional anunciada por estas tierras vayamos a recorrer un camino parecido.